Por Sebastián Gualda | Asesor del diputado nacional Eduardo Fernández
Cincuenta mil hectáreas de bosque nativo quemadas en cuestión de días. Tres personas fallecidas, miles de animales muertos. Trágico saldo de una semana de esas que, lamentablemente, las y los cordobeses vivimos cada año y a esta altura nos permite pronosticar cuál será la respuesta del Gobierno de la Provincia de Córdoba: demorar el pedido de asistencia plena al Gobierno Nacional, evitar declarar la Alerta Roja ambiental, no promover ningún tipo de investigación de responsabilidades, sugerir la incidencia del factor climático, decretar Emergencia Agropecuaria y agradecer la labor heroica de las y los bomberos voluntarios quienes, pasada la urgencia, volverán a encontrarse con las mismas condiciones de insuficiencia material para abordar la magnitud del desastre ambiental que cíclica y repetidamente sufre nuestra Córdoba.
Hacer mucho para pocos
Acompañando en campaña a sus candidatas a legisladoras nacionales, el gobernador Schiaretti definió a su gobierno como “progresista que habla poco y hace mucho”, una idea de progreso enfocada en obtener mayores niveles de producción y mejores réditos económicos que desacredita la vía del desarrollo armónico de las comunidades y sus hábitats, tildándolo de extremismo ideológico.
La depredación ambiental es inherente al autoproclamado “Modelo de gestión Córdoba”, de histórica alianza con el desarrollismo inmobiliario y el agronegocio, quienes marcan la agenda de las políticas públicas prioritarias, por caso, los millonarios proyectos de autovías con trazas que atraviesan bosque nativo en Punilla y Paravachasca y cuyas audiencias públicas demostraron el amplio rechazo de las comunidades afectadas.
Todavía está fresca en la memoria de las y los cordobeses la pérdida el año pasado de 340.000 hectáreas, la peor tragedia ambiental en toda la historia de la provincia, que propició el debate público respecto al destino que en muchos casos tienen las tierras afectadas: la construcción de exclusivos barrios privados.
A fin de poner un coto a la especulación, el Congreso de la Nación aprobó el año pasado, pese al voto negativo de las y los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, una herramienta que busca desalentar la utilización de la tierra afectada con fines económicos y garantizar la recuperación de los suelos tras los incendios mediante la prohibición de alteración de su uso por hasta sesenta años.
En una provincia que ha perdido el 97% de sus bosques nativos, que se enfrenta a una crisis hídrica sin precedentes, que no ha podido avanzar en propuestas superadoras para el problema de los residuos y que tiene sus principales diques con altísimos niveles de contaminación, el Gobierno provincial se niega a declarar la Emergencia y solo propone programas de reforestación paliativos cuya eficacia, según especialistas en la materia, juega más en el terreno del marketing político que en la recuperación de la biodiversidad perdida.
El gobierno de Schiaretti elige no priorizar la problemática ambiental porque hacerlo implicaría una profunda reformulación de su flamante “Modelo de gestión Córdoba”, una maquinaria laboriosamente ideada con el único fin de mantenerse en el Gobierno.
