Por Pablo Tissera
Secretario General
Partido Solidario Córdoba en el Frente de Todxs
El agua es un derecho humano básico y fundamental. En el año 2010 la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció al agua potable limpia y al saneamiento como un derecho humano, además de ser esencial para la realización de todos los derechos humanos, exhortando a los Estados a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, suficiente, limpio, accesible y asequible para todos, todas y todes, imprescindible para el cuidado del ambiente y el ser humano como parte del mismo.
Si hoy tomamos una foto del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos dice que tres de cada diez personas carecen de acceso al agua potable disponible en el hogar, y unos 15 países que concentran el 40 por ciento de la población mundial la tienen privatizada. En nuestro país, la última Reforma Constitucional de 1994 aborda el tema en su artículo 41, donde plantea el uso racional de los recursos naturales para actividades productivas sin comprometer a las generaciones futuras, aunque sin obligar a que la prestación sea pública. Previamente, post crisis del ´89, el menemismo había iniciado el proceso de privatizaciones sumándose al Consenso de Washington y la ola neoliberal del mundo occidental encabezada por Reagan y Thatcher. Más cerca en el tiempo, otro elemento para el debate fue la noticia de fines de 2020 sobre la cotización del agua en la bolsa de Wall Street, consolidación de la mercantilización de un derecho humano básico.
Si nos adentramos en nuestra provincia de Córdoba y pasados los tiempos de la descentralización de la prestación, regulación y control de los bienes públicos en manos de la Nación a las provincias, hay que decir que el proceso privatizador se centró en la ciudad de Córdoba, pues en las medianas y pequeñas ciudades, pueblos y comunas, no era negocio. Por tal motivo, en estos lugares continuaron prestando servicio tanto gobiernos locales o cooperativas de servicios públicos (como el caso de Carlos Paz o Río Ceballos, entre tantos otros), como así también cooperativas de trabajo constituidas por ex-trabajadores de Obras Sanitarias (como en el caso de Villa María, Alta Gracia, Cruz del Eje o Deán Funes) brindando el servicio de agua. Hoy son 21 cooperativas en total las que brindan el servicio. Un capítulo aparte que será insumo para otro artículo será contar la realidad de las cooperativas de servicios públicos de Carlos Paz (COOPI) y de Tanti, a las cuales les fue quitada la prestación de dicho servicio de manera irregular, ilegal e ilegítima.
Me detengo en Córdoba Capital, y haciendo un poco de historia en mayo de 1997, cuando se entregó la concesión del servicio de agua potable en esa a la empresa privada trasnacional de capitales franceses Aguas Cordobesas S.A. por 30 años. Hasta ese momento, luego de la descentralización del servicio realizada por Obras Sanitarias de la Nación, la provisión del servicio de agua y desagües cloacales había sido prestada por la estatal “Empresa Provincial de Obras Sanitarias”. Todo este proceso se dio en el marco de cambios institucionales de suma importancia, tanto a nivel provincial como nacional, que refieren a la etapa del Estado mínimo, gendarme, que se fue alejando de funciones que tradicionalmente le habían sido propias como la prestación de los servicios públicos (electricidad, telefonía, gas, agua, etc.).
En Córdoba Capital existieron ocho cooperativas que prestaban el servicio de agua antes de la privatización, quedando en la actualidad cuatro que alcanzan a prestar el servicio a 4.600 hogares en cuatro barrios de la ciudad. Ellas son las Cooperativas de Villa Retiro (1.400 hogares), de Parque San Vicente (411 hogares), de Barrio Patricio (1.097 hogares) y de Villa Rivera Indarte (1.615 hogares). Un promedio de 15 mil usuarios y usuarias reciben el servicio de calidad y eficiencia brindado por una cooperativa (1%), de un total de 411 mil hogares en la ciudad, tomando como fuente los datos brindados por el centro estadístico de Córdoba (https://estadistica.cba.gov.
A modo de conclusión, para poder realizar algún aporte en tiempos en los que van venciendo las concesiones de la prestación de servicios públicos a privadas transnacionales, y en el marco de un gobierno nacional y popular como el que conducen Alberto y Cristina, es importante decir que el agua debe ser entendida como un servicio público de acceso universal. No puede ser tratada como una mercancía, adherida al concepto de la máxima rentabilidad que persigue cualquier sociedad anónima por sobre el bienestar común.
Por un lado, el agua es un activo que pertenece al conjunto de la comunidad, siendo el Estado quien debe garantizar el acceso a toda la ciudadanía. Por otro lado, son muchas las experiencias de cooperativas que brindan el servicio de agua con calidad, de manera eficaz y eficiente, hasta en la propia Ciudad de Córdoba.
Por tal motivo, proponemos promover las empresas de propiedad pública y/o fortalecer las de economía solidaria a los fines de administrar y distribuir aquellos activos de importancia estratégica para el conjunto de la población, tanto empresas de servicios públicos (agua entre otros), energéticas o ciertos bienes industriales estratégicos (siderúrgicas). Tanto en unas como en otras, la gestión debe ser tripartita, con participación del Estado, las y los trabajadores, y organizaciones involucradas (usuarios, productores, proveedores). De esta forma garantizamos espacios con mayor participación y control popular como así también favorecemos el trabajo, la producción y el desarrollo local comunitario.
#ReconstruirMejorJuntos (lema de la Alianza Cooperativa Internacional camino al Día Internacional de las Cooperativas – 1er. sábado de Julio)
