Por Pablo Tissera, Secretario General del PSol Córdoba
De la última encuesta de la consultora Pulso Social realizada durante la primera quincena de mayo en la provincia de Córdoba, en un contexto de pandemia y aumento de las restricciones a nivel nacional, destacamos que las dos problemáticas que más aquejan a la mayoría de las, los y les cordobeses son en primer lugar el coronavirus y en segundo lugar la inflación, le siguen la inseguridad y la pobreza.
Estos datos refuerzan la idea de que al menos en lo personal y para los grupos de cercanía con los que nos vinculamos son preocupaciones que están en cada conversación.
La inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 2021 rondaba entre el 17% y el 18%, lo que nos augura un escenario complejo para lo que queda del año. Vamos a resaltar dos hechos de significativa importancia que van en el sentido de evitar que los formadores de precios, voraces en la puja distributiva y responsables de los incrementos inflacionarios, sigan acrecentando los porcentuales de pobreza.
Por un lado, tomamos la suspensión por 30 días de las exportaciones de carne vacuna, la cual ha aumentado un 20% por encima del nivel general de precios. Esto sucede por medidas desregulatorias del mercado en la gestión nacional 2015-2019, aumento de la demanda y los precios a nivel internacional que están por las nubes y que, sin regulación alguna, quedan atados y se trasladan a los precios del mercado interno. Como dice Graciela Treber, ésta es una buena medida del gobierno nacional que tiene por objetivo final desacoplar los precios internos de los precios de exportación, garantizando en primer lugar el abastecimiento del mercado interno.
Por el otro, la Ley de Góndolas, que habilita un 25% del espacio de la góndola en grandes cadenas de supermercados para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales, entre ellas cooperativas, y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y la economía popular. Esta es otra medida del Ejecutivo nacional que tiene por objetivos, por un lado, aumentar la producción y el trabajo nacional, y por el otro, lograr mayor competencia con precios de referencia más bajos que los que se ofrecen actualmente, calculados en promedio un 30% menores.
Estas disputas, y estas políticas bien encaminadas con un fuerte sentido regulatorio que tienen como finalidad contener la inflación, en el fondo tienen que ver con la siguiente contradicción…
- O queremos un proyecto de país en el que el MERCADO, sin ningún tipo de regulación, maneje automáticamente bajo la ley de la oferta y la demanda los destinos de un país con base ideológica liberal en su fase neoliberal de especulación financiera que no es ni más ni menos decir que sobreviva el más fuerte, y ojo… que esta mirada va acompañada por un fuerte lobby del poder económico, judicial y mediático concentrado a través de sus representantes políticos.
- O bien queremos un proyecto de país en el cual el ESTADO regule su economía con base ideológica en un modelo productivo con inclusión social con el trabajo, la solidaridad y la igualdad social en la diversidad como ejes ordenadores de la sociedad, que no es ni más ni menos decir que acá nadie se salva solo.
Una reflexión de fondo de la cual se desprende el tipo de sociedad que queremos construir.
