Industrializar la ruralidad

03/10/2021
Julián Domínguez, Cristina Fernández, Juan Manzur y Alberto Fernández

Por Pablo Tissera

Secretario General PSol Córdoba. Candidato a diputado nacional del Frente de Todxs

El campo suele ser contrastado con la industria por aquellos/as defensores/as de un modelo de privilegios basado en la agroexportación que no quieren ningún tipo de regulaciones, algo que lejos de ser inclusivo y solidario promueve el sálvese quien pueda sin importar si gran parte de la sociedad está fuera del mercado laboral, sumida en la pobreza y la indigencia.

Retomar un modelo nacional basado en la sustitución de importaciones, sumado al rol que juega el campo en la producción agropecuaria y que puede jugar en la generación de trabajo, es una estrategia para el desarrollo nacional que debe llevar adelante el actual gobierno nacional.

Así, esta semana que pasó el flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Julián Domínguez junto al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el jefe de Gabinete Juan Manzur, presentaron el proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que apunta a incrementar la productividad, el agregado de valor y la generación de empleo.

Es un proyecto acordado con el Consejo Agroindustrial, mesa constituida por 60 entidades agropecuarias pensada para el desarrollo agropecuario en clave de políticas públicas, pero con altas resistencias de sectores de la Mesa de Enlace, como la Sociedad Rural Argentina, que no tiene tapujos en decir que quiere Estados mínimos sin poder de regulación del mercado, para poder maximizar sus ganancias, hoy inconmensurables en tiempos de precios internacionales altísimos.

Este proyecto prevé generar un impacto en el mediano plazo que pretende promover la industria con el campo como protagonista en la provisión de materias primas, poniendo la dupla campo/industria como recursos que aportan a un proyecto nacional defensor del mercado interno.

La sinergia que podemos lograr entre campo e industria es superlativa en términos de crear trabajo a partir de agregarle valor a los granos y las carnes, y con ello poder reducir la pobreza y la desigualdad social que tanto nos aqueja en tiempos de crisis social y económica provocada por la doble pandemia, la del neoliberalismo y la del coronavirus.

La finalidad del proyecto es por un lado aumentar la producción de granos, hoy aproximadamente en 150 millones de toneladas (Mtn) para llevarla a 200 Mtn hacia el año 2030 y, por el otro, generar 700 mil puestos de trabajo, alcanzando a más de 150 actividades agrobioindustriales y agrobioalimentarias, a través de empresas de diversa índole, entre ellas cooperativas.

En este marco no puedo dejar de hablar de Córdoba, una de las provincias más importantes en términos de producción agropecuaria, de las más ricas del país, pero que a la vez está dentro de las cinco provincias más desiguales. Somos una provincia que produce 40 millones de toneladas de granos, la mayor productora per cápita del país, que si tomamos los principales granos que se producen como maíz y soja, se exportan en un 40% aproximadamente sin agregado de valor. Por otro lado, según el INDEC, la provincia de Córdoba tiene una desocupación del 13,1% y un 46,6% de personas en situación de pobreza, ambos indicadores se encuentran por encima de la media nacional ubicada en un 9,6% y un 40,6%, respectivamente. Esta enorme deuda con la ciudadanía cordobesa debe ser atendida.

Se trata de implementar políticas públicas para incluir, para redistribuir, para igualar, para crecer. Esa es la tarea que viene llevando con virtudes y errores el Frente de Todxs, con proyectos como el de fomento agroindustrial, que claramente está muy lejos de lo que proponen Juntos por el Cambio (a nivel nacional y provincial) y Hacemos por Córdoba a nivel provincial, quienes se limitan a proponer la eliminación de las retenciones al campo, como lo vienen planteando tanto el expresidente Macri como recientemente el actual gobernador Juan Schiaretti, sin lugar a dudas algo que favorece el modelo del privilegio para unos pocos grupos concentrados económicos.

Se trata de industrializar la ruralidad para construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

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Referentes

Carlos Heller

Presidente PSol

Juan Carlos Junio

Secretario General