Por Pablo Tissera
Secretario General Partido Solidario Córdoba
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2016 declaró el acceso a internet como un derecho humano, un derecho básico de todos los seres humanos, un facilitador de oportunidades para la educación inclusiva a nivel mundial que además asegura el respeto de derechos como atención de la salud y el trabajo, entre otros. Todes sabemos que en estos tiempos de pandemia, cuidados preventivos y restricciones, se vuelve fundamental.
En nuestro país hubo avances en materia legislativa comunicacional en la primera década y media del Siglo XXI, como lo fue la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual votada durante el gobierno de Cristina Fernández, y retrocesos en el periodo macrista, una clara tensión entre dos proyectos de país, entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, entre la regulación para la democratización del consumo, distribución y producción comunicacional o la liberalización para favorecer a los promotores de la cultura hegemónica neoliberal capitalista. Luego, nuestro presidente Alberto Fernández a mediados del 2020 decretó incorporar a la Ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) el “carácter de servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a los servicios TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones, que obliga a la existencia de una prestación básica universal brindada en condiciones de igualdad. De este modo pasa a ser una actividad regulada por el Estado.
Y cuando hablamos de conectividad y cooperativas, ¿de qué hablamos? Para contestar esta pregunta tenemos que ubicarnos en comunidades pequeñas y medianas tanto a nivel nacional como provincial. Colsecor Noticias, en una entrevista al profesor de Políticas de Comunicación de la UBA y UNDAV, Diego Rossi, director de la Cátedra libre Conectividad, informaba que muchas de las cooperativas eléctricas que se constituyeron en la primera mitad del S XX por sus pobladores y pobladoras lo hicieron porque no llegaba ni el sector privado, por no ser rentable, ni el Estado. Hoy, esas cooperativas eléctricas por las mismas razones brindan el servicio de conectividad. Algunos datos: a fines de 1989 unas 254 cooperativas en el país brindaban servicios de conectividad, y a inicios de 2021 pasaron a ser 547 cooperativas, éstas agrupadas en 4 federaciones. En la provincia de Córdoba, hacia el año 1989 eran 51 cooperativas brindando dicho servicio, mientras que entrado el 2021 lo hacían unas 152 cooperativas. Como verán, un crecimiento por encima de la media.
Recordar que en nuestra provincia tenemos 427 municipios y comunas, cuya población se distribuye en un 70% en las seis ciudades más grandes, encabezadas por la Ciudad de Córdoba con 45%, seguidas por Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Carlos Paz con el 25% de habitantes. En estas 6 ciudades unas pocas empresas transnacionales concentradas brindan rentables servicios de conectividad a través de paquetes que incluyen telefonía fija, telefonía celular, televisión e internet. Entonces nos encontramos con una injusta realidad, por un lado unas pocas trasnacionales brindan el servicio de conectividad a grandes aglomerados poblacionales como una mercancía y no como un derecho humano básico, con altísima rentabilidad. Y, por el otro, muchas empresas, en su mayoría cooperativas y también algunas pymes, lo hacen a pequeños y medianos aglomerados poblacionales con grandes extensiones geográficas. Estas asimetrías se reflejan en los costos, ganancias y excedentes que automáticamente se traducen en desigualdades, uno de los grandes temas a resolver y a regular por el Estado.
Hoy nos encontramos en la provincia con el Plan de Conectividad Córdoba, que permitirá en tres años incorporar tecnologías y vincular al 100% de las, los y les cordobeses con un tendido de más de 5.000 km de fibra óptica, una decisión que va en el sentido de la declaración de la ONU y que avanza en la eliminación de la brecha digital. Pero este tipo de decisiones deben ser acompañadas con definiciones sobre el día después; desde el Partido Solidario en el Frente de Todxs decimos en nuestra Propuesta Cooperativa que estos importantes emprendimientos para desarrollar un servicio público estratégico, que entiende a la conectividad como un derecho humano, deben ser de propiedad pública con una gestión cuatripartita, es decir, con la participación en la gestión del Estado, del sector cooperativo y PyME aportando su experiencia, de los trabajadores organizados, y de las, les y los usuarios organizados. De esta manera se logrará un mayor y mejor control del servicio para garantizar la prestación universal de un derecho humano básico, se impedirá que el acceso a la conectividad sea una mercancía de uso para quienes puedan pagarla, administrada por unas pocas empresas trasnacionales bajo premisas como la de maximización del lucro, y se logrará la tan ansiada eliminación de la brecha digital en la ciudadanía con un sentido justo y solidario. ¡Continuemos profundizando el rumbo iniciado el 10 de diciembre de 2019!
