Por Pablo Oviedo | Asesor del Diputado Eduardo Fernández | Referente de la Juventud Solidaria Córdoba
En los últimos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” el recurso judicial presentado por la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz para objetar la municipalización del servicio de agua. El fallo dejó firme la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que anteriormente había dictaminado que “el municipio podrá retomar el servicio por decreto” y no a través del Concejo de Representantes como lo establece la Carta Orgánica Municipal.
Aclaremos algo, la COOPI brinda el servicio de agua en Villa Carlos Paz desde hace 57 años, con 400 puestos de trabajo en la actualidad, manteniendo el espíritu solidario de la cooperación donde las y los trabajadores participan activamente en la gestión honesta, clara y transparente.
Quiero citar al diputado Carlos Heller, presidente nacional del Partido Solidario, cuando se refirió a este tema expresando que “las cooperativas se han desarrollado en lugares donde se determinó que la prestación de un servicio no era un negocio, allí los vecinos organizados, mancomunados, de manera solidaria se dieron maña y crearon el servicio. La Coopi es la comunidad”.
El ideario cooperativo contribuye a la construcción de un mundo mejor y lo hace desde el cimiento mismo de las sociedades, ayudando a organizar las comunidades de las que son parte, brindando, como en este caso, un servicio público de calidad, con compromiso social, buscando siempre el desarrollo y crecimiento de los ciudadanos carlospacenses. Allí radica la importancia de salvarla.
Además, no sólo estamos hablando de quitar una concesión mediante una situación jurídica de gran precariedad, se está poniendo en cuestión a los trabajadores sanitarios, que en pandemia fueron declarados esenciales y tuvieron que salir a poner el cuerpo.
Ya desde el 2016 se viene planteando, frente a la posible municipalización, qué pasará con las fuentes de trabajo, sin que la Municipalidad otorgue una respuesta clara.
Creo entonces que la situación es netamente una decisión política contraria a los intereses de la mayoría de los carlospacenses. No existen motivos reales para quitar la concesión.
La calidad del servicio es muy buena según manifiestan los propios vecinos. Distinto hubiera sido si el problema fuese, por ejemplo, tener que suspenderlo porque venía agua contaminada o algún otro inconveniente.
Si a esto le sumamos el abrumador llamado a silencio de las autoridades municipales, la falta de diálogo y el atropello con el que se manejan, surgen demasiadas dudas.
Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué una prestación que funciona correctamente se va a municipalizar mientras que otras municipales funcionan tan mal y ni se discuten sus mejoras?
Mientras tanto el Ejecutivo local ya estableció que el 28 de febrero tomará provisoriamente el servicio. La Coopi, ante esta situación, presentó la apelación para que la Corte Suprema de Justicia analice el caso.
Estamos frente a una lucha que debe seguirse hasta agotar las últimas instancias. La institución es un emblema a imitar si nos referimos a la prestación de servicios esenciales por parte de las y los trabajadores.
Vivimos una etapa muy importante para las cooperativas, donde el rol que cumplen es determinante en la reconstrucción del tejido social. Es el momento de apoyar a la Coopi.
